Mientras en México se discute la posibilidad de expandir el uso del fracking, poco se dice sobre dónde se podría llevar a cabo y qué impactos podría tener. Un reciente informe de la organización CartoCrítica advierte que la extracción de gas y petróleo mediante este método implicaría una gran intervención en territorios que habitan casi 6 millones de personas en el país.
El estudio —que recopila información de instituciones públicas, atlas geológicos, informes, presentaciones, asignaciones, pozos exploratorios, entre otras fuentes— advierte que las regiones con principales yacimientos no convencionales de hidrocarburos (donde se busca impulsar el fracking) abarcan una zona de influencia de 7.7 millones de hectáreas de siete estados del país.
En estas zonas, donde viven unos 6 millones de personas, los investigadores identifican potenciales conflictos por la escasez de agua ante una actividad que demanda grandes cantidades de este recurso, como la fracturación hidráulica.
La investigación identifica también que las zonas de interés atraviesan localidades rurales dispersas, así como a 2405 propiedades comunales, varias de ellas indígenas o con acceso limitado a servicios básicos, como agua, drenaje y servicios de salud.
Autores del estudio alertan que la falta de información pública actualizada impide a las comunidades conocer con precisión si sus territorios forman parte de los planes energéticos del país.
Además, especialistas consultados por Mongabay Latam explican los impactos que el fracking tiene en este tipo de territorios, no solo en México, sino en otras regiones del continente, como la Patagonia argentina o en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos.
Fracking en zonas donde falta agua
Una de las zonas que destaca el estudio es la región petrolera Sabinas-Burro-Picachos, al norte del país, que se ubica en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fronterizos con Estados Unidos.
La investigación señala que para extraer solo el 10% de los recursos proyectados en la región se requeriría la explotación de 2233 pozos y 167.5 millones de metros cúbicos de agua dulce para recuperar 6.7 billones de pies cúbicos de gas, equivalentes a dos años del consumo nacional actual de gas.
Sin embargo, el estudio advierte que la demanda de agua para fracking recaería en una región donde el 83% de la superficie se encuentra en estrés hídrico. Además, cuenta con acuíferos en declive y con una proyección de estrés hídrico alto o extremo hacia 2050.
Manuel Llano, director de CartoCrítica y autor del estudio, explica el dato más relevante tomando en cuenta el contexto hídrico: a nivel nacional 18.6% del agua requerida para fracking caería en cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual. En el caso de la región Sabinas-Burro-Picachos ese porcentaje es del 100%, de acuerdo con la investigación.
"¿De dónde van a sacar el agua, si la cuenca y el acuífero ya no tienen? En el caso de Estados Unidos, ellos utilizan el agua del Río Bravo, pero en el caso de México no tenemos. El conflicto del agua es muy evidente en Sabinas-Burro-Picachos", explica el autor a Mongabay Latam.
En esta región del país donde se podría explotar la extracción de no convencionales viven cerca de 1.3 millones de personas, distribuidas en su gran mayoría en 26 localidades urbanas y 1850 rurales.
La demanda de agua para uso de fracking es un punto clave para dimensionar los impactos ambientales de esta industria, no solo en México sino en el mundo. Un ejemplo ocurre en la extracción de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, donde cada pozo consume durante su estado operativo cerca de 80 millones de litros de agua.
Javier Grosso, profesor de geografía en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) Fiske Menuco y de la Universidad Nacional del Comahue, destaca que si se decide expandir el fracking, las autoridades deben reconocer que los impactos ambientales van a ser grandes y que se debe considerar al abastecimiento de agua no solo en el presente, sino para los próximos 10 años, así como los pasivos ambientales que se acumulen por el agua contaminada que genera esta actividad.
Entre otros impactos socioambientales asociados al fracking, Grosso también destaca la sismicidad inducida, un fenómeno relacionado a la extracción de no convencionales y que ha sido ampliamente documentado en Sauzal Bonito, una localidad de la provincia de Neuquén, vecina a Vaca Muerta, en Argentina. La zona no había registrado sismos hasta la llegada del fracking.
De acuerdo con el informe de CartoCrítica, la sismicidad asociada al fracking en Estados Unidos también se ha documentado en Kansas con un sismo de magnitud 4.9 vinculado a la inyección de aguas residuales, así como en Oklahoma, donde se detectó un incremento de 900 veces en la actividad sísmica desde 2008, con sismos de magnitud 5.8 en 2011 y 2016.
Una actividad que revela más desigualdades
La región petrolera de Burgos, que abarca zonas de los estados fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas, es otra de las áreas que concentran un gran interés de hidrocarburos no convencionales, especialmente gas seco, compuesto esencialmente por metano; y húmedo, con una proporción de hidrocarburos líquidos.
En el área susceptible de explotación mediante fracking viven más de 358,944 personas y el 22% de la zona de no convencionales corresponde a ejidos —una forma de propiedad social del territorio— y comunidades.
El estudio advierte los riesgos de implementar fracking en una región donde una de cada cinco viviendas no tiene drenaje y donde hay mayores dificultades para recibir servicios de salud.
Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, considera que deben evaluarse no solo impactos ambientales, sino también sociales y culturales.
Conflictos potenciales (y actuales) en territorios indígenas
La investigación de CartoCrítica expone un tercer foco rojo en la explotación del fracking ubicado en la región Tampico-Misantla, que abarca zonas de los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.
Además del riesgo crítico por el agua, el estudio apunta a conflictos territoriales, ya que atravesaría 2081 ejidos y bienes comunales y los territorios de 871,066 hablantes de lenguas indígenas, entre ellas teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco.
En la zona de potenciales impactos viven más de 4.4 millones de personas, distribuidas entre 132 localidades urbanas y más de 13,500 localidades rurales.
En esta región, los conflictos por fracking ya existen desde 1997 en el municipio de Papantla, Veracruz, donde las comunidades indígenas mantienen una resistencia a la expansión de esta actividad en sus territorios.
Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador y coordinador de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), una organización que acompaña casos de poblaciones indígenas afectadas, explica que pueblos totonacos han sido desplazados y afectados por esta industria, por lo que existe una fuerte resistencia a que la extracción de no convencionales avance en la región.
Azamar advierte que sin información pública sobre la ubicación de los pozos, las sustancias utilizadas, los volúmenes de agua requeridos y las condiciones ambientales de cada territorio, la vigilancia se vuelve "prácticamente imposible".
Tanto Azamar como Grosso coinciden en que existe también un riesgo de cooptación y división en los territorios que son de interés para la industria del fracking.