El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como parte de una ofensiva contra las finanzas de la organización criminal.
Entre los sancionados figura Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón" o "El 03", quien, según el Gobierno estadounidense, asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", identificado como fundador del cártel.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que las medidas buscan desmantelar la estructura financiera y operativa del grupo, al que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera.
"El Presidente Donald Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados", afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al señalar que las sanciones alcanzan a dirigentes, financistas y redes criminales que apoyan al CJNG.
La ofensiva representa un cambio en la estrategia de Estados Unidos contra el CJNG, al dejar de concentrarse únicamente en el tráfico de drogas para atacar de manera simultánea a su dirigencia, sus células operativas y las redes empresariales y financieras que sostienen sus operaciones.
Washington describió el operativo como "la mayor acción jamás emprendida" por el Tesoro contra esa organización criminal, al sancionar a más de 50 personas y empresas vinculadas con el grupo.
De acuerdo con el Tesoro, el cártel participa en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de actividades como lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude.
El Gobierno estadounidense identifica al huachicol, el contrabando transfronterizo de combustibles y el huachicol fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del CJNG. Según el Tesoro, esas actividades generan decenas de millones de dólares al año para la organización y le permiten financiar el tráfico de fentanilo, mantener estructuras de corrupción y ampliar su capacidad operativa en México y Estados Unidos.
Las sanciones fueron impuestas al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.
La acción fue coordinada con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, otras agencias federales y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.